Manifestarse desde la desigualdad


La libertad de manifestación es un tema de disertación que en un contexto de agitación y cambio en Michoacán y en México en los últimos años, resulta controversial y divisor de opiniones, pero también brinda la oportunidad de replantear nuestra concepción en torno a este derecho y, desde luego, el espacio oportuno para una crítica constructiva rumbo a la disminución de la acumulación crítica de problemáticas sociales no atendidas y dolores en común en nuestro estado.

Para abordar el tema de la libertad de manifestación, es necesario precisar algunos conceptos en torno a la libertad desde un enfoque de elementos básicos de la constitución de un Estado y de un sistema de gobierno. Locke, en el Segundo tratado sobre el gobierno civil (1690), describe que todo gobierno y toda formación de una comunidad legítima es la representación de un contrato social, donde todos tienen el derecho sea para actuar o imponerse a los demás. Bajo esta idea de un contrato social –influenciada por el pensamiento de Rousseau– el pueblo como componente esencial del Estado y cada uno de los individuos que lo forma, consentimos en ceder parte de nuestra libertad para poder establecer un mínimo de orden y con las expectativas genuinas de que nuestras necesidades y problemas en común sean resueltos.

Stuart Mill apela también a la necesidad libertad para que exista la democracia. En Sobre la libertad (1859), menciona que es esencial para una democracia en funcionamiento que se garantice la libertad de asociación, pensamiento y discusión. Para Mill, la forma de gobierno ideal es la democracia pues es el que mejor cumple con dos fines característicos del buen gobierno, una gestión pública eficaz y el progreso individual y social. La democracia es la forma más eficaz de administrar los asuntos públicos, y favorece el progreso humano al fomentar la participación pública de los ciudadanos. La democracia es presentada por Mill como una forma de vida y un componente necesario para evitar la deshumanización.

El punto de conflicto entre el ideal del funcionamiento del Estado y la realidad del cómo funciona, deja ver el porqué el sistema político, la cultura política, el contexto, el legado histórico, y la evolución natural de la sociedad mexicana confluyen para crear en muchas ocasiones escenarios de conflicto de intereses entre grupos sociales, o tensiones entre las demandas de estos y de los ciudadanos, además de la incapacidad del gobierno para darles salida, o bien para llegar a acuerdos justos. Por lo anterior, y como mecanismo para hacer contrapeso al poder del Estado frente a los ciudadanos, la libertad de manifestación se presenta como recurso de los ciudadanos para hacer notar sus demandas ante quienes ostentan el poder. Este derecho está consagrado en la Constitución Mexicana en diferentes artículos, a saber podemos verlo en el artículo 6 y 7, citados para referencia a continuación.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.

Artículo 7o. Es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio. No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del artículo 6o. de esta Constitución. En ningún caso podrán secuestrarse los bienes utilizados para la difusión de información, opiniones e ideas, como instrumento del delito.

El artículo 6, destaca que cualquier ciudadano puede manifestar sus ideas, complementado con el artículo 7, esta manifestación puede realizarse por cualquier medio; mas dentro del artículo 6 se expone como restricción a este derecho, que dicha manifestación no perturbe el orden público. Este último punto, muestra la condicionante básica de toda libertad, que es que la libertad existe siempre que el ejercicio de esta no transgreda los derechos de otro individuo.

La libertad de manifestación, considero, va en muchas ocasiones vinculada con la libertad de asociación, la voz de un solo individuo es tenue frente al Estado debido a la complejidad de los procesos de comunicación y de las estructuras de éste. Por ello la acumulación de capital social, siempre será una forma de amplificar la voz y la transmisión de las demandas y de las necesidades no resueltas por el Estado. Conviene entonces, citar el artículo 9 de la Constitución que contiene este derecho complementario, desde mi perspectiva, a la libertad de manifestación.

Artículo 9o. No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del país. Ninguna reunión armada, tiene derecho de deliberar. No se considerará ilegal, y no podrá ser disuelta una asamblea o reunión que tenga por objeto hacer una petición o presentar una protesta por algún acto, a una autoridad, si no se profieren injurias contra ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u obligarla a resolver en el sentido que se desee.

Las relaciones entre gobernante y gobernado, son siempre una relación de poder o dominio, que se da por la posesión de un monopolio, que en el caso del gobierno será de la fuerza, de la administración de la riqueza, y en muchas ocasiones de la energía social. Recordando a Weber, las democracias se consolidan cuando hay límites de territorio y de participantes, hay poca diferenciación socioeconómica de los participantes, hay una determinación objetiva de los medios y fines, y las tareas de gobierno son estables y simples; aspectos que en la actualidad no suceden en la mayoría de los casos, es decir la diferenciación socioeconómica en nuestra sociedad es evidente, la determinación de objetivos está sujeta a quienes ostentan el poder, y las tareas del gobierno se han complicado cada vez más.

La democracia también entendida como un espacio plural donde caben las manifestaciones y defensa de los intereses y necesidades de toda la población se enfrenta a lo que describe Sartori como el rendimiento del sistema democrático, explicando la ingobernabilidad de la democracia, es decir, la sociedad civil se ha vuelto una fuente inagotable de demandas cada vez más inalcanzables y costosas, cuando las comunidades crecen, sus problemas también son mayores ; por lo que es lógico que incluso las comunidades tengan problemas dentro de sí mismas por los diversos grupos que las conforman y sus intereses. He ahí el papel de la política como medio para solucionar los conflictos en las comunidades y sus diferentes miembros.

Para ahondar en los límites del derecho a la libertad de manifestación, podemos pensar en el contexto actual en Michoacán:  la opinión pública está más que dividida, atomizada; aunque sin duda lo más preocupante es la aprobación de la violencia y la generación de una cultura del odio a través de redes sociales. Basta con observar las decenas de comentarios vertidos después de la publicación de noticias y algunos posicionamientos; estos son una avalancha de reclamos vaciados en más violaciones a derechos humanos, es decir, se responde violencia con violencia, se juzga con bilis.

El predominio del sentimiento y la sobre exaltación provocada por la construcción de la opinión pública a través de medios de comunicación y de comunicadores, cada vez menos asertivos, han mermado nuestra capacidad de crítica y de reflexión objetiva, del contenido y no el continente. Se abren brechas para el entendimiento de las problemáticas que nos son comunes. 

Al debate agregamos, que en esta ecuación de la composición de un estado, habrá que contemplar que la población en nuestra sociedad, está integrada por individuos y grupos que muestran enormes desigualdades socioeconómicas. La desigualdad, puede ser un diferenciador del acceso al poder, y de la garantía de cumplimiento y ejercicio de los derechos. Esta condicionante de muchos derechos fundamentales, ocasiona que muchos grupos sociales estén limitados en su acceso a la información, en su capacidad de influencia en la opinión pública, en el nivel de volumen que alcanzan sus demandas ante las autoridades, e incluso en la protección de su patrimonio y de los recursos, pocos la mayoría de las veces, y desde luego en la equidad en la representación política.

Es preciso reconocer, que no nos es ajeno o desconocido que sean las élites en muchas ocasiones quienes dirigen la creación de leyes, la distribución de la riqueza y el acceso al poder, como dice la famosa cita de Louis Brandeis, “podemos tener democracia, o podemos tener la riqueza concentrada en pocas manos, pero no podemos tener ambas”, formando un circulo vicioso donde se continúa la generación de desigualdad, de destrucción de la cohesión social, o como explica David Held, nuestras comunidades se constituirán basadas en relaciones de poder nautonómicas:

La nautonomía se refiere a la producción y distribución asimétricas de perspectivas de vida que limitan y erosionan las posibilidades de participación política. Por perspectivas de vida entiendo las oportunidades con que cuenta una persona para participar de los bienes económicos, culturales y políticos socialmente generados, las recompensas y posibilidades características de sus comunidad […] La nautonomía hace referencia a cualquier pauta socialmente condicionada de perspectivas de vida asimétricas, que impone límites artificiales sobre la creación de una estructura común de acción política (Held, David, 1997)

El comportamiento de los manifestantes, en tanto violento, no puede ser justificado con la máxima “el fin justifica los medios” atribuida a Nicolás Maquiavelo, no obstante, considero, cuando se alcanzan niveles de transgresión del orden público, es quizás porque las instancias y recursos para ser llegar a oídos de nuestros representantes se han agotado, o bien porque muchos de estos mecanismos han estado reservados para solo unos cuantos privilegiados; y desde luego porque ante la amenaza al despojo de tu patrimonio y derechos, los niveles de transgresión del orden público, serán proporcionales al miedo generado ante la pérdida. La aparición de la violencia en ciertos casos extremos de injusticia, se convierte entonces en un medio necesario, o bien muestra del agotamiento de otras vías; lo cual de ser cierto, resulta doloroso para cualquier comunidad y plantea desde luego la necesidad de solución de problemáticas pero desde una perspectiva estructural y sistemática, que implique recordar la función de cada actor en la inevitable interdependencia de cada uno de sus actos respecto del otro.

La separación creciente entre gobernantes y gobernados, muestra la falta de cohesión de la sociedad y de una visión en común de lo que queremos como comunidad o como Estado. Aquí vale la pena recordar el pensamiento de Gramsci, y su propuesta entorno a la necesidad de creación de una hegemonía para cohesionar, entendiendo la hegemonía como un concepto que describe a un imaginario social compartido, donde se cierran las brechas entre lo social y lo político; que permite volver a generar nociones comunes de concepción de la sociedad, y superar las relaciones asimétricas generadas.

Al final, aunque muchos de los problemas y tensiones que nuestro Estado enfrenta, son desde mi opinión el producto de una acumulación crítica de demandas no atendidas, y la consecuencias de la conformación de un sistema político acompañado de una cultura política basada en la administración del caos, a la par de estructuras de organización y control basadas en la inequidad; la respuesta optimista y generadora de esperanza sigue siendo, la recuperación de la construcción de ciudadanía, una respuesta de enfoque micro .

La consideración anteriormente mencionada, puede acercarnos al concepto de desobediencia civil, como una alternativa a la violencia, y como ejercicio de contrapeso al poder del Estado, y sin embargo desde mi perspectiva como forma de ejercicio del derecho a la manifestación. La desobediencia civil es un concepto definido como un acto público, contrario a la ley, cometido con el propósito de ocasionar un cambio en la ley o en los programas de gobierno, aunque bien sin recurrir a la violencia, y con el objetivo de reivindicar lo que la comunidad considera como justo o cuando algunos de sus derechos no están siendo respetados. En teoría, no habría necesidad de recurrir a la desobediencia civil en todo régimen definido como democrático, pero dada la evolución y la complejidad de las sociedades, hace que las democracias opten por la seguridad jurídica o la legitimidad, pero ante crisis en los sistemas políticos, este último recurso se presenta como complemento y alternativa a la libertad de manifestación, en tanto que busca abrir vías para el cambio y controlar el ejercicio del poder, o bien replantear el contrato social. La desobediencia civil debe limitarse a una reivindicar un injusticia claramente sucedida a causa de una acción de la autoridad, y no volverse una estrategia de chantaje usada para redistribución del poder bajo los intereses de oposición o bien para ganar adeptos a un partido, ideología, actor político o grupo. La desobediencia civil debe ceñirse a algunos mínimos preceptos éticos, o bien a la meta de promoción del cambio social, y solo así se consolidará como alternativa.

Pero ante la complejidad de los temas aquí tratados, ésta es solo una breve propuesta…

REFERENCIAS

O’Donnel Guillermo. Apuntes para una teoría del Estado. México, 1978. Revista Mexicana de Sociología. Año XL, Vol. XL/N° 4 Octubre

Bobbio Norberto. Diccionario de Política. México, 1985. Siglo XXI Editores.

Informe Oxfam Internacional . Enero 2014. Gobernar para las élites. Secuestro democrático y desigualdad económica . Recuperado desde http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/bp-working-for-few-political-capture-economic-inequality-200114-es.pdf

Rodríguez Prieto Rafael, Seco Martínez Jose María, Hegemonía y Democracia en el siglo XXI: ¿Por qué Gramsci? . Recuperado desde http://www.uv.es/cefd/15/rodriguez.pdf

 

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